Arzobispo argentino habla sobre planes de FMI para abastecer a una población humana controlada.

Artículo original:

http://www.aica.org/index.php?module=displaystory&story_id=9168&format=html&fech=2007-09-10

Es preciso impedir que se reproduzcan los pobres La Plata (Buenos Aires), 10 Set. 07 (AICA)

El arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, emitió una declaración sobre la esterilización quirúrgica, cuya gratuidad se sancionó por ley en la Nación y recientemente, mediante la resolución Nº 4559, también en la provincia de Buenos Aires.

"El acontecimiento, objetivamente considerado", señaló el prelado, "representa otra conquista, sobre el pueblo adormecido, de los ‘lobbies’ locales y foráneos que se proponen una remodelación de la sociedad, la familia y la condición humana de acuerdo a los postulados del Nuevo Orden Mundial".

Advirtió además que "la iniciativa de legalizar las técnicas esterilizantes viene a aplicar a nuestro pueblo las recomendaciones de la Comisión Rockefeller (1972) y del Informe Kissinger (1974) que establece lineamientos políticos y estratégicos para proteger la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar del crecimiento demográfico de los países en vías de desarrollo. Estos propósitos se inspiran en la ideología racista pergeñada por el inglés Galton a fines del siglo XVIII: es preciso impedir que se reproduzcan los pobres".

El texto completo de la declaración es el siguiente:

Declaración del arzobispo de La Plata sobre la esterilización quirúrgica
1. El 9 de agosto del año pasado el Congreso Nacional sancionó la ley Nº 26.130 que garantiza a toda persona mayor de edad el "derecho" de esterilizarse quirúrgicamente, en forma gratuita, en los servicios del sistema de salud. La norma fue promulgada pocos días después por el Poder Ejecutivo y publicada de inmediato en el Boletín Oficial. Llama la atención que este nuevo atentado contra la razón ética, el orden jurídico fundado en el derecho natural y la base biológica de la Nación no haya suscitado mayores discusiones.

2. Ahora, mediante la resolución Nº 4559, el ministro de Salud bonaerense ha ordenado su aplicación en nuestros desguarnecidos hospitales, donde tantos argentinos deben soportar humillantes penurias para hacerse atender por problemas graves de salud. El acontecimiento, objetivamente considerado, más allá de la intención de los legisladores que han promulgado la norma y de los funcionarios que la ejecutan –que no nos corresponde juzgar- representa otra conquista, sobre el pueblo adormecido, de los "lobbies" locales y foráneos que se proponen una remodelación de la sociedad, la familia y la condición humana de acuerdo a los postulados del Nuevo Orden Mundial.

3. Las prácticas denominadas ligadura de trompas de Falopio y ligadura de conductos deferentes o vasectomía son celebradas con un ritual publicitario como instrumento inocuo, seguro y económico de control de los nacimientos. No se quiere reconocer que se trata, sencillamente, de una mutilación, una conducta que configuraba hasta ahora el delito de lesiones. La nueva norma la ha despenalizado modificando el régimen legal del ejercicio de la medicina. El ministro bonaerense de Salud ha declarado, en su momento, que "se trata de una práctica reversible, y por eso no hay mutilación". ¿Por qué, entonces, se ha debido modificar también la ley Nº 25.673 para incluir el nuevo procedimiento anticonceptivo en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que prescribía métodos reversibles y transitorios? Es sabido que la microcirugía necesaria para revertir la esterilización quirúrgica es de difícil realización, costosa y de éxito incierto. La ley no otorga esta posibilidad a los eventuales arrepentidos y es muy improbable que los hospitales de nuestra provincia vayan a ofrecérsela. Lo razonable es considerar que, de hecho, se tratará de una pérdida irrecuperable de la facultad procreativa.

4. Es oportuno recordar otras disposiciones del texto legal. Una persona de 21 años (probablemente la mayoría de edad se fije, muy pronto, en 18) puede solicitar la operación sin consentimiento del cónyuge o conviviente y sin autorización judicial. Se le pedirá, eso sí, que preste su consentimiento una vez que se le haya informado acerca de la naturaleza, riesgos y consecuencias de la práctica a realizar. ¿Quién protegerá a la gente sencilla, a nuestros pobres, de la imposición de este método esterilizante a través de una presentación tendenciosa que enfatice la rapidez, la eficacia y el carácter inocuo del procedimiento? Nuestra memoria retiene imágenes imborrables: multitudes, en la India, aguardando en fila el momento de ser sometidos a esa mutilación y de recibir como recompensa una modesta suma de dinero. La ley reconoce a los médicos y al personal auxiliar el derecho de ejercer la objeción de conciencia, pero impone la obligación de practicar la esterilización quirúrgica a todos los establecimientos asistenciales, aun a aquellos cuyo ideario institucional se lo prohíba. Este deslizamiento totalitario es alarmante y constituye un verdadero atropello.

5. El juicio ético a pronunciar sobre la ley no puede ser sino negativo, pues ha de referirse al contexto de valores y exigencias propios de la persona humana. El principio básico es la inviolabilidad, la no-disponibilidad de la persona. El hombre es responsable de sí, de la unidad y totalidad de su ser; se debe respetar a sí mismo, a su ser integral. El cuerpo no es un accesorio, un objeto manipulable a voluntad, sino sujeto en la "unitotalidad" del ser personal. No es lícito sacrificar una parte o función en contra del bien integral de la persona. Además, en el ejercicio de la función sexual existe un orden estructural que religa las dimensiones unitiva y procreativa. La esterilización quirúrgica es una mutilación sancionada por el Código Penal vigente, que prevé penas de 3 a 10 años de prisión a quien causare la inutilidad de la capacidad de engendrar o concebir. ¡Evidentemente, tendrán que enmendar también esta flagrante contradicción!

6. Pero también en el orden de la ética social y en vista del bien superior de la Nación la ley merece un juicio condenatorio, y su aplicación en nuestra provincia ha de ser considerada un hecho funesto de subdesarrollo y dependencia. La iniciativa de legalizar las técnicas esterilizantes viene a aplicar a nuestro pueblo las recomendaciones de la Comisión Rockefeller (1972) y del Informe Kissinger (1974) que establece lineamientos políticos y estratégicos para proteger la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar del crecimiento demográfico de los países en vías de desarrollo. Estos propósitos se inspiran en la ideología racista pergeñada por el inglés Galton a fines del siglo XVIII: es preciso impedir que se reproduzcan los pobres. Los planes ya han sido ensayados en otros países de América Latina, con graves consecuencias en Brasil y Perú. El prejuicio clasista es evidente: en lugar de devolver a los pobres la dignidad que les arrebata una organización social en la que perduran graves injusticias, se les ofrece la castración. ¿Quiénes serán los "beneficiarios" de la aplicación de esta ley? Los sectores empobrecidos, bombardeados por la propaganda consumista que les presenta la imagen de un bienestar al que tienen derecho, pero que no pueden alcanzar. Ahora podrán renunciar fácilmente, y gratis, a la riqueza de los hijos.

La Argentina, despoblada en proporción a su extenso territorio, nunca contó con una política de población, que es pieza clave de un auténtico proyecto de desarrollo nacional. En adelante dejará de ser madre, ejercerá el derecho de esterilizarse.

Héctor Aguer, arzobispo de La Plata.